La violencia digital tiene consecuencias graves como el aislamiento social y puede
incluso tentar contra la integridad de la víctima, quien en múltiples casos termina
por consumar un suicidio, lo que hace prioritario prevenir, disuadir y sancionar los
casos de violencia digital y sexual, enfatizó Javier Martínez Cruz, Comisionado del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Al participar en el Panel “Retos y acciones de los institutos locales de
transparencia en la protección de datos personales”, en el marco del Diálogo
Regional sobre Metas y Perspectivas en Materia de Datos Personales, el
Comisionado del Infoem detalló que los sobrevivientes de violencia digital
enfrentan violaciones a sus derechos humanos; así como al abandono del espacio
digital, lo que afecta sus entornos offline como escuela, trabajo, familia y
relaciones públicas.
Por ello, resaltó la importancia de tipificar la violencia ejercida a través de las
tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo al sector femenino, a
fin de brindar medidas que garanticen los derechos de las y los usuarios de
Internet en todo el territorio nacional, como lo propone la conocida “Ley Olimpia”.
“En el Estado de México, quien revele, publique, difunda o exhiba sin
consentimiento de la víctima, a través de cualquier tecnología de la información y
comunicación, imágenes, audios, textos, grabaciones de voz o contenidos
audiovisuales de naturaleza erótico, sexual o pornográfico puede ser sancionado
con prisión de 1 a 5 años, además de una multa establecida en el Código Penal de
la entidad”, puntualizó el Comisionado Javier Martínez Cruz.
Explicó que como órgano garante encargado de la protección de los datos personales, el Infoem actúa como ente preventivo para evitar este tipo de violencia digital, además de que como medida disuasiva, garantiza a la ciudadanía el ejercicio sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al uso de su información (Derechos ARCO),
además de implementar procedimientos de investigación y verificación que buscan
evitar la vulneración de su derecho a la protección de datos personales.
