Cuando la destrucción de los productos de los montes o bosques sea a consecuencia de la tala de árboles, sin autorización de la instancia correspondiente, se impondrá una pena de 12 a 20 años de prisión y de mil 500 a tres mil días multa como lo dicta la iniciativa presentada por el diputado morenista, Margarito González Morales, la cual fue aprobada por unanimidad.

El decreto, publicado el 2 de septiembre en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno por el Ejecutivo del estado, establece que comete este delito —y se le aplicará igual pena— el servidor público que autorice cambio de uso de suelo sobre un área natural protegida o reserva ecológica sin que exista causa de excepción justificada establecida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Precisa que cuando la destrucción de los montes o bosques sea a consecuencia de la tala ilegal  de árboles si autoprización de las instancias correspondientes

Asimismo, señala que a los autores intelectuales o instigadores, a quienes obtengan un lucro indebido o quienes controlen o inciten a menores de edad para cometer este delito, se les impondrán las mismas penas y de igual manera cuando en la comisión de este delito participe un servidor público, por lo que también  será destituido e inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.

Este decreto número 79 fue aprobado por unanimidad de votos por el Pleno de la 60 Legislatura durante la sesión del pasado 30 de julio.