Se impondrán de 12 hasta 20 años de prisión y de mil 500 a tres mil días de multa a quienes inciten a menores de edad a cometer el delito de tala ilegal de árboles, así como a servidores públicos que autoricen cambios en el uso del suelo sobre un área natural protegida o reserva ecológica sin causa justificada establecida en la Ley General de Desarrollo Sustentable, aprobó por unanimidad la 60 Legislatura mexiquense a propuesta del diputado Margarito González Morales (morena).

En sesión del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones, al presentar el dictamen correspondiente a su iniciativa, el legislador Margarito González indicó que además de la reforma al artículo 229 del Código Penal del Estado de México, también se aprobó la reforma al artículo 9 del mismo ordenamiento para establecer como delito grave el cometido en contra de los productos de los montes o bosques señalados en el párrafo tercero fracciones I, II y III del artículo 229.

Esto es, cuando en la comisión de este delito se empleen instrumentos como motosierras,
sierras manuales o sus análogas y demás objetos utilizados para el daño y destrucción de los montes o bosques, cuando se utilicen vehículos, camionetas o camiones cargados con tocones de madera y cuando en la comisión de este ilícito participen servidores públicos.

Al dar lectura al documento elaborado por las Comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, el legislador dijo que el marco legal ha sido poco eficaz en la protección de los recursos forestales y no ha favorecido el desarrollo forestal sustentable, así como la debida prevención y vigilancia forestal y, por el contrario, se presenta un elevado índice de deforestación.

En este sentido, el diputado consideró innegable que la deforestación ha tenido entre otras
causas la tala ilegal y clandestina, problemática que se da en todo el territorio nacional debido a los fuertes intereses económicos y políticos, la corrupción y la irresponsabilidad administrativa y social.

Agregó que esto ha provocado la disminución de la cobertura forestal a un ritmo superior a la capacidad de los bosques de regenerarse, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, de
asociaciones, ciudadanía y comunidades indígenas, por lo que destacó que debe fortalecerse el combate a la tala clandestina, delito que se comete con un alto índice de impunidad.

Margarito González subrayó también la necesidad de salvaguardar los recursos y ecosistemas forestales mediante el incremento de las penalidades.

El diputado de morena, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, al manifestar su beneplácito por
agravar las penalidades, consideró que esta reforma es de vital importancia y exhortó a que en el próximo presupuesto se asignen más recursos para la preservación de los bosques en el Estado de México.

Durante el análisis de la iniciativa en comisiones, el diputado Margarito González explicó que en la entidad hay cinco zonas consideradas críticas por la tala ilegal: el Nevado de Toluca, que incluye a municipios como Zinacantepec, Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras y Sultepec; la Izta-Popo, con Amecameca, Ozumba y Ecatzingo; la Cobio-Cruces, con Ocuilan, Xalatlaco, Santiago Tianguistenco, Xonacatlán y Otzolotepec; la subcuenca de Valle de Bravo, con Valle de Bravo y Temascaltepec, y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en el área colindante con Michoacán.

Por Redacción