Para lograr que la legislación estatal en materia de derechos de las personas con discapacidad, particularmente el que garantiza su movilidad y desplazamiento, no sea letra muerta, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la 60 Legislatura, que coordina la diputada Julieta Villalpando Riquelme, propuso exhortar al Ejecutivo estatal a que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice a las personas con discapacidad el libre acceso y facilidad de desplazamiento en los espacios gubernamentales.

Presentado en sesión del Segundo Periodo Ordinario por la legisladora María de Lourdes
Garay Casillas, el punto de acuerdo consigna que tanto la Constitución federal como la estatal, así como la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la entidad, señalan el derecho a la movilidad como uno de los fundamentales para ese sector, y que es deber del Estado garantizarlo.

No obstante, apunta el documento “de nada sirve contar con una amplia regulación legislativa que proteja los derechos mínimos de las personas con discapacidad y salvaguarden su desplazamiento, si en realidad se omite verificar su cabal cumplimiento”
En cuanto al posible costo de atender este exhorto, la legisladora Garay Casillas afirmó que, de acuerdo con el Banco Mundial, “es mínimo cuando estos elementos se incorporan en el momento de la construcción, pues se ha demostrado que para ser accesibles los edificios basta con añadir menos de 1% de los costos de construcción”.

A la propuesta se sumó el Grupo Parlamentario del PT mediante su coordinador, diputado Armando Bautista Gómez, quien dijo que “el buen juez por su casa empieza, y en las instalaciones del Poder Legislativo no contamos con accesos adecuados para personas con discapacidad motriz”, por lo que también en esta Soberanía debería atenerse este exhorto.

Para su dictamen se remitió a las comisiones Para la Atención de Grupos Vulnerables y de Protección Civil.