Actualmente, las revisiones practicadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) a los 335 sujetos obligados a la ley de la materia, que incluyen todas las instancias del Poder Ejecutivo; las dependencias de los poderes Legislativo y Judicial; los 125 municipios; los órganos autónomos; los partidos políticos; los sindicatos; los fideicomisos, y las personas jurídicas colectivas que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, no derivan en el pago de multas en caso de omisiones en sus portales de transparencia; por lo tanto, están a tiempo de actualizarlos y evitar la imposición de sanciones, aseguró Josefina Román Vergara.

La Comisionada del Infoem explicó que, de acuerdo con lo estipulado por el Sistema Nacional de Transparencia, los sujetos obligados que incumplan sus obligaciones de transparencia podrán ser sancionados por el órgano garante mexiquense a partir del próximo año. “La ley nos obliga, como Infoem, a imponer multas que resultan altas para que una persona las pague de su bolsillo, pero que deberán aplicarse a quienes no cumplan la ley, pues están previstas en ella y no pueden pasarse por alto”, indicó la Comisionada Román Vergara.

En una capacitación destinada a los servidores públicos adscritos a los organismos de agua de Chicoloapan y Chimalhuacán, la Comisionada del Infoem destacó que este órgano garante no busca imponer multas, sino lograr que la transparencia y la rendición de cuentas formen parte del actuar de las autoridades, para lo cual ha implementado el Ipomex y el Saimex, dos plataformas tecnológicas que contribuyen a gestionar las obligaciones de la materia desde una computadora con acceso a internet, lo que también facilita a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos.

La relevancia de estas capacitaciones, abundó, consiste en que los asistentes aclaren sus dudas sobre el funcionamiento de dichos sistemas y la aplicación de las normas jurídicas vinculadas con la transparencia, acceso a la información pública, protección de los datos personales y gestión archivística, con el fin de favorecer la observancia de todas las obligaciones correspondientes.

Asimismo, la Comisionada invitó a los presentes a revisar sus tablas de aplicabilidad y conocer puntualmente los rubros que aplican a cada organismo, con el propósito de responder oportunamente a las disposiciones legales y evitar multas, que pueden ascender de 11 mil a poco más de 100 mil pesos, las cuales debe cubrir el servidor público responsable de su propio salario.