En últimos días la 59 Legislatura mexiquense emitió la declaratoria de aprobación de la reforma a la Constitución local para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y ampliar las facultades de la Legislatura y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) en esta materia.

Después de recabar el voto mayoritario de los municipios mexiquenses, los diputados declararon la aprobación de la minuta, que cumple el mandato de la Constitución nacional, las leyes generales respectivas y el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción.

Cabe señalar que la creación del Sistema Estatal Anticorrupción fue aprobada por unanimidad el pasado 30 de marzo, conforme al dictamen que conjuntó las propuestas de los diputados Cruz Roa Sánchez, Nelyda Mociños Jiménez y Raymundo Guzmán Corroviñas, así como el gobernador Eruviel Ávila Villegas

Este Sistema es la instancia de coordinación en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, actos y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, el cual contará con un Comité Coordinador que presidirá el secretario de la Contraloría, así como un Comité de Participación Ciudadana.

En cuanto al Tribunal de Justicia Administrativa, será autónomo, conocerá y resolverá sobre las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares, e impondrá las sanciones a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves, al igual que a los particulares que incurran en actos vinculados.

Este tribunal también fincará el pago de responsabilidades resarcitorias e indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es descrita como la unidad administrativa competente de la Fiscalía General de Justicia encargada de la investigación de los delitos en esta materia y del ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes. En este rubro se especifica que los servidores públicos condenados por estos delitos no gozarán del indulto por gracia.

Mediante estas reformas se faculta a la Legislatura a aprobar los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y su remoción por faltas graves, aunado a que deberá expedir la Ley que instituya este tribunal.

Además, establece que el OSFEM podrá revisar ejercicios anteriores de la Cuenta Pública sobre temas particulares y que ningún ente fiscalizable podrá negar información solicitada, o de lo contrario se hará acreedor a sanciones.

La Legislatura contará con 120 días naturales a partir de la entrada en vigencia de estas reformas para expedir la Ley Reglamentaria de Responsabilidad Patrimonial y con 180 días para expedir las leyes secundarias o reformas, en tanto el Tribunal de Justicia Administrativa deberá entrar en funciones una vez expedidas dichas leyes o reformas, el cual sustituirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.